Vuelva usted mañana.

No es ningún secreto que en España los funcionarios tienen fama de vagos. Evidentemente toda generalización es mala, y seguro que hay miles de funcionarios que trabajan incluso más y mejor de lo que deberían (aunque solo sea para paliar lo que dejan de hacer sus compañeros), pero lo que no puede ser es que por más mal que trabaje uno, no se le pueda echar.

Me dijo en una ocasión un funcionario que "él ya había superado unas oposiciones muy dificiles como para que ahora le pudieran echar por las buenas"... Lo primero, aquí nadie habla de echar por las buenas, se habla de despidos justificados. Y lo segundo... pero no eramos todos iguales? No es esto inconstitucional? Acaso un proceso de selección de empresa no puede ser también duro? Por que motivo a mí me pueden echar si hago mal mi trabajo (e incluso si lo hago bien!) y a un energumeno dado, que haga un pauperrimo trabajo en la administración, no se le puede echar de ningún modo? Y es que realmente, en la España actual, existen ciudadanos de primera y de segunda.

Tampoco es ningún secreto que el estado del bienestar hace aguas. Y si realmente es cierto, tal y como dicen los neoliberales (con Rato a la cabeza), quizás tendriamos que plantearnos porque las hace, y quienes son realmente los culpables... Ya basta de señalar con el dedo a los políticos y a los especuladores económicos. Tenemos que superar el discurso fácil de la izquierda populista. Tampoco es cierto que la culpa sea de los inmigrantes, como acusa la derecha. Quienes realmente están carcomiendo el sistema desde dentro se miran el panorama calladitos desde sus oficinas, pensando que cuanto menos ruido hagan, más tiempo podrán seguir chupando del bote de esta situación insostenible.

Evidentemente hablo de los funcionarios, y hasta que algún político tenga la decencia de poner el dedo sobre la llaga y plantear una reforma consensuada entre TODOS los grupos políticos para acabar con esta situación injusta e insostenible, nuestros amigos de los ayuntamientos, de los registros de la propiedad, de los juzgados, de los ministerios, de las consejerías, de hacienda y de las oficinas de sanidad terminarán devorando todos los recursos que entre todos, como podemos, ponemos.